El proyecto de indulto general

El 9 de diciembre, un grupo de parlamentarios de oposición,  las senadoras Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (PDC) y Adriana Muñoz (PPD), y los senadores Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), presentaron un Proyecto de Ley de indulto. La iniciativa tiene por objeto extinguir la responsabilidad penal de los que permanecen en prisión preventiva, con motivo del «estallido social», que comenzó en octubre del año pasado.

En la semana el Senador Juan Ignacio Latorre (RD), presidente de la Comisión de DDHH del Senado, anunció que pondría en tabla el próximo lunes el Proyecto en cuestión, sin embargo se han alzado voces contrarias a la iniciativa. Así, por ejemplo el Fiscal Nacional Jorge Abott señaló que «normaliza la violencia y la delincuencia». A su vez, el Defensor Nacional Andrés Mahnke dijo que: «Los presos del estallido están vinculados a determinados hechos ilícitos  que se les han imputado y que dicen relación no con una persecución política sino con una persecución penal.»

A ellos se sumaron la vocera de la Corte Suprema, Ministra Gloria Ana Chevesich, quien declaró que los jueces «no fallan según la postura política o ideológica que puede tener un imputado». El ex Presidente Eduardo Frei (DC), dijo “No creo que corresponda una Ley de Amnistía para aquellos que han cometido delitos”. A su vez el Senador Felipe Harboe (PPD) indicó que “Una señal de que el fin justifica los medios y que la violencia es una forma legítima de plantear reivindicaciones. A mí no me parece que sea constitutivo de un elemento básico de la democracia”.

Un indulto que no es indulto

El indulto, según el Profesor Enrique Cury,es un instrumento de política criminal, valiéndose del cual el jefe de Estado o el legislador, en su caso, conceden una excusa absolutoria de efectos restringidos a quien ha sido declarado criminalmente responsable de uno o más delitos”. Según el Profesor Alfredo Etcheberry, señala  la amnistía es «la extinción de la responsabilidad penal por disposición de una ley, que extingue la pena y todos los efectos de ésta”. 

Ambas son formas de extinción de la responsabilidad criminal. Artículo 93 Nº 3 y 4 del Código Penal.

En la Constitución Política, de acuerdo al Artículo 32 Nº 14, es atribución especial del Presidente de la República: «Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso.»

Además, son materia de ley de acuerdo el Artículo 63, Nº 16, «Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia.»

El indulto general y la amnistía requieren quorum calificado y los delitos terroristas las dos terceras partes de los Senadores y Diputados en ejercicio.

Lo cierto es que los patrocinantes del Proyecto, prefirieron la figura del indulto general, entre otras razones, porque la aministía les recordaba el DL Nº 2191. Como se recordará, esa norma concedió el perdón a quienes cometieron delitos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

El problema es que para aplicar el indulto, la persona debe haber sido condenada. Y la gran mayoría de los privados de libertad, están aún en prisión preventiva y con juicios pendientes.

Vean ustedes la carta al Director, del Maestro don Carlos Künsemuller, publicada por El Mercurio el sábado 19 de diciembre, que ahorra todo comentario:

Captura de Pantalla 2020-12-19 a la(s) 17.39.43

Así por ejemplo, el pasado 17 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.228 que concede indulto general conmutativo, con motivo del COVID-19, a un conjunto de personas condenadas a penas privativas de libertad.

La dudosa proyección del indulto

Es evidente que el proyecto no cuenta con el acuerdo de todos los sectores políticos y que autoridades importantes de la República, han criticado duramente la iniciativa. Lo anterior está influido porque en general quienes han sido detenidos  cometieron delitos comunes, que no tienen nada que ver con el derecho a la protesta social.

El Presidente de la República, ya declaró que hará uso del veto, en caso que el Proyecto continúe en su tramitación.

Pero lo anterior no puede evitar el análisis que se debe hacer en cuanto a la duración de los procesos. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable y prudente, obliga al Ministerio Público a realizar investigaciones expeditas.

Es posible que sea necesario revisar las investigaciones y proceder al cierre de las que están afinadas, para definir la situación de los privados de libertad. Pero este análisis no corresponde ni al Ejecutivo ni al Poder Judicial, sino directamente al órgano persecutor.

Muy posiblemente, el verdadero problema sea la lentitud de los procesos, como por lo demás está ocurriendo en general en el sistema penal, por culpa de una pandemia que no da tregua.

Abogado, Magister en Derecho Penal, Profesor de Derecho Penal, Procedimiento Penal y Litigación Oral.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Site Footer

Contact Us