La legalidad de la prueba y los correos de Paris

Las necesidades de investigación, proponen múltiples diligencias. En muchos casos ellas afectan derechos de las personas. Así pasa cuando hay que incautar correos electrónicos , lo que afecta la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Son temas de legalidad de la prueba.

En esos casos el fiscal debe pedir autorización al Juez de Garantía, para ejecutar las diligencias. El Tribunal de Garantía revisará la pertinencia y afectación de derechos, puede negar, conceder o conceder con algunas modificaciones a lo solicitado. Por supuesto que el afectado podría oponerse alegando sus derechos.

El debate ha tenido lugar a propósito de la incautación de correos del Ministerio de Salud. Existe una investigación que busca determinar si hay delitos en el manejo de la pandemia por las autoridades del gobierno.

La Corte Suprema fijó los límites de la incautación, para la legalidad de la prueba, luego que el Minsiterio de Salud reclamara contra la orden.

¿Por qué el Ministerio Público debe pedir autorizacion al tribunal?

En nuestro sistema procesal penal, el Tribunal de Garantía es un órgano legalmente desinteresado de la investigación, que vela por los derechos de todos los intervinientes. Tiene el rol de juez que decide algunos casos, pero también es árbitro en todos aquellos aspectos en los cuales están en juego los derechos de las personas.

El fiscal por su parte tiene por única función la de investigar delitos, una actividad que muchas veces exige hacer diligencias intrusivas. Antes de la reforma, el juez desarrollaba ambas funciones, investigar y acusar. La garantía del tribunal imparcial, obliga a separar las tareas, para evitar cualquier interés de quien juzga, en el éxito de la investigación.

No puede ser juez y parte al mismo tiempo. Eso también puede afectar la legalidad de la prueba.

En resumidas cuentas, si el fiscal no pide la autorización, estaría realizando una diligencia sin control alguno, lo que podría afectar derechos incluso de terceros.

No es tolerable una investigación que prive, perturbe o amenace los derechos de las personas sin ningún control.

Imagínese que entra a la casa de alguien sin permiso en busca de evidencia y resulta que la casa no es la correcta. O que revisa un computador que tiene información no pertinente al caso.  Hay miles de situaciones que deben ser ponderadas y examinadas por un órgano imparcial como el juez.

¿Qué ocurre si el Ministerio Público no pide permiso?

Toda la prueba que se presenta en el juicio debe ser legal. Eso significa que se obtenga sin infracción de garantías. Lo contrario sería legitimar que el Estado transgreda los derechos humanos. En esos casos, el abogado defensor reclamará de inmediato al Tribunal sobre la legalidad de la prueba.

Pero hay una audiencia intermedia que se llama de preparación de juicio oral.  Como su nombre lo indica, las partes presentan la prueba para el juicio. Y se debate sobre la legalidad de la prueba. Si el juez estima que entraron sin permiso en la casa, excluye toda la evidencia recogida. Ahí mismo el fiscal puede perder el caso, porque no va a tener prueba para ir a juicio.

Con el tiempo, se han ido aplicando teorías que ceden en favor de la persecusión penal. La doctrina del descubrimiento inevitable propone que la prueba no es ilícita si de todas maneras iba a ser encontrada. Supongamos que el policía entra con orden de allanamiento a detener a un homicida. En la mesa del living hay treinta kilos de cocaína. Es absurdo que no pueda actuar de inmediato persiguiendo ese delito.

Como en tantos temas de debido proceso, los debates están abiertos. Están quienes son absolutamente partidarios de toda exclusión y aquellos que toleran algunas ilicitudes. Estos últimos no castigan sumprimiendo la prueba, sino administrativamente al que cometió el acto.

Los que nos dedicamos a temas penales, debemos tener sólidos conocimientos en materia de garantías. A cada paso nos encontramos con estas ponderaciones. Hay que formar bien a los aumnos de pregrado, pero no basta si no preparamos también a las agencias estatales.

Con una reforma en curso,estas cuestiones deberían ser parte de la formación de los nuevos policías.

Abogado, Magister en Derecho Penal, Profesor de Derecho Penal, Procedimiento Penal y Litigación Oral.

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