Acabo de leer un libro extraordinario de los autores Levitsky y Ziblat, que se llama «Cómo mueren las democracias», donde se analizan los factores que debilitan el sistema de libertades. Desde Harvard, ambos profesores exploran fenómenos como el populismo y la violencia, a partir de casos prácticos y muy contemporáneos. Hay una afirmación antigua pero que me hace mucho sentido: los partidos y grupos deben cuidar la democracia aislando a los violentos.
En nuestra historia constitucional, el artículo 8 de la Constitución de 1980 en su texto original, declaraba inconstitucionales los actos de personas o grupos que propugnen la violencia o una concepción de la sociedad o del Estado de carácter totalitario o fundado en la lucha de clases, entregando al Tribunal Constitucional la función de conocer de los requerimientos. Luego de 1989, previa reforma, se suprimió el artículo 8º y ese incorporó la garantía del pluralismo político, en el derecho de asociación del artículo 19 Nº 15.
Las normas militantes -porque así se llama a las que protegen la forma de gobierno- pueden ser una mera declaración, si no existe la más absoluta adhesión de los partidos y grupos a la democracia. Cuando el autoritarismo se ha implementado, no hay artículo que valga, porque como ya he dicho en otro posteo, la Constitución no hace la felicidad, agrego que dependiendo de los factores políticos que se materializan a sus espaldas, tampoco hay protección a las libertades.
El 18 de octubre del 2019, nos cambió radicalmente la vida nacional y la convivencia. El gobierno reaccionó ofreciendo una nueva Constitución. El pasado 25 de octubre, un 78% de la ciudadanía, aprobó el camino constituyente que actualmente transitamos. Será exitoso en la medida que todas las fuerzas políticas excluyan del juego democrático a la violencia y los violentos de acción y de palabra.
