Los Tribunales de Justicia, especialmente las Cortes, nos entregan un diagnóstico de los principales conflictos que se anidan en el cuerpo social. Es el lugar en el cual por naturaleza se discuten, por ejemplo, las acciones de protección, que se interponen cuando alguien estima ser objeto de la privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de alguna garantía.
Pocos ciudadanos saben que la Corte local tiene una oficina especial, en la cual se tramitan los recursos contra las Isapres, en un día pueden conocerse hasta 600 y más, los que van desde el tradicional reclamo del alza unilateral del valor del plan de salud, hasta aquellas que se generan por la incorporación de hijos.
Una parte importante del trabajo en materia de garantías, se orienta también a los trabajadores que reclaman los rechazos de licencias médicas por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y punto aparte merece la cantidad de juicios por despidos injustificado, que en general son acogidos y recurridos por la vía de la nulidad.
En esa radiografía, surge la conclusión inmediata de que los conflictos por derechos sociales derivados de la salud y del trabajo, ocupan parte importante del trabajo de los tribunales. En un nivel menor, pero creciente, llegan recursos de alumnos universitarios que no pueden titularse porque tienen deudas con las casas de estudio.
Podemos atribuir estos problemas a políticas públicas y por ende a lo más inmediato y contingente, pero si duda, a partir de la Constitución se pueden orientar estas cuestiones, replanteando el diseño de los derechos sociales.
El filósofo norteamericano John Rawls, nos dice que en la construcción de un pacto, debemos aplicar un velo de ignorancia tras el cual, la pregunta fundamental debiera ser qué principios de justicia esperamos de la colectividad a la cual nos vamos a unir.
El autor liberal dice además: «“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o abolidas”
Del 78,27% de personas que votaron «apruebo», un 48% tuvo como motivo central, la superación de las desigualdades. Lo dice la encuesta CADEM de esta semana. La opinión, es coincidente con la naturaleza de los conflictos más recurrentes ante las Cortes de Justicia.
