Hace unos años, conocí el servicio de psiquiatría de Concepcion, conocido erróneamente como Hospital Psiquiátrico. Un edificio enclavado en el cerro, al lado del antiguo Regimiento Chacabuco, donde hoy existe un supermercado. Lo recorrí de punta a cabo entre espíritus sufrientes y ausentes, la materia prima de Foucault para su teoría del control social. Entonces era Defensor Local y debí intervenir en el festival de malos entendidos que existía entre el naciente sistema penal y el sistema de salud. El asunto es que iban a parar al servicio, aquellos imputados que tenían patologías psiquiátricas, mientras se realizaban los examenes mentales. Convivían dentro los infractores de ley, resguardados por gendarmes de verde uniforme, con los doctores ataviados de bata blanca y por cierto los enfermos no infractores, en las escasas camas que había en el lugar. Todo porque aún subyace el antiquísimo sistema, que entrega a la justicia el delicado problema de salud pública, determinando si el imputado es enfermo mental y luego si es peligroso para sí o para terceros, dentro de criterios medievales y con ciencia médica del siglo XXI, del todo ajena a los abogados que recién dábamos los primeros pasos prácticos en esos temas.

Me sorprendió la escasez de recursos. Apenas unas decenas de plazas para la intercomuna y aledaños. Me aclararon que no era un hospital, entonces las estadías debían ser cortas, porque no estaban las condiciones para otra cosa. Recién comprendí por qué en la ciudad a menudo vemos enfermos mentales deambulando por las calles, sin atención médica. Pregunté dónde cumplían la internación los peligrosos para sí o terceros, me contestaron que sólo en el centro del país existen establecimientos de ese tipo que se cuentan con la mitad de los dedos de una mano. O sea en Concepción no existe hospital psiquiátrico público ni tampoco clínicas privadas dedicadas a la psiquiatría.

Luego vino toda la discusión en torno a las condiciones en que los imputados debían ser custodiados. Teníamos claro que no podíamos evitar la presencia de gendarmes, la ley así lo dispone, de alguna forma ellos mandan ahí. Pero sin armas, el peligro era evidente. Parecía y era extraño mantener amarrado a la cama a un enfermo. Esa clase de terapéutica ya había sido ampliamente superada por la medicina. Mientras unos decían que debían ser tratados como presos, otros decíamos que se les debía considerar enfermos y ser tratados como tales. Todo estaba muy lejos de ser la cárcel donde recluyeron a Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes” y nuestros imputados también. Afortunadamente primó el buen criterio, la generosidad de todos por el bien de los enfermos y pudimos llegar a algunos acuerdos, entre los cuales dábamos especial atención a esos procesos, coherentes con que se trataba de un servicio de corta estadía. Aprendí mucho con aquellos médicos psiquiatras, que eran muy cordiales y generosos en conocimientos y desde entonces la salud mental y el derecho, ocupan parte importante de mis lecturas.

Pero me impresionó el abandono por parte del Estado de la salud mental en Chile, no sólo respecto de los imputados, sino también de los enfermos en general. En el caso de los infractores, siempre he pensado que derechamente el Servicio de Psiquiatría no cumple con las condiciones mínimas para la reclusión, porque eso es, aunque el código le diga eufemísticamente suspensión de procedimiento. Dicho de otra forma, el Servicio no es para eso. Me convencí que sólo la buena voluntad de médicos y gendarmes, permitía el funcionamiento forzado y delicado del sistema, así a la chilena, como esos sombreros que no caben en la cabeza o esos pantalones que son demasiado estrechos, pero igual se calzan en cuerpos demasiado grandes. Han pasado muchos años y por lo que veo, nada ha cambiado. Hacemos carreteras, autopistas concesionadas, nos ufanamos con cuanta obra pública se inaugura, pero Concepción sigue sin tener hospital psiquiátrico o un establecimiento para infractores de ley con suspensión de procedimiento o condenados peligrosos para sí o para terceros, estos últimos con la agravante de que son separados radicalmente de sus familias, cuando los trasladan a “El peral”, por ejemplo.

Por todo lo anterior, es que al leer la prensa esta mañana, no me extraña el recurso de protección que interpuso la Defensoría contra Gendarmería y el Servicio de Salud, por el supuesto mal trato, consistente en engrillar y encerrar a los enfermos. Me pregunto cuánto habrá influido el reciente paro de los gendarmes. Quizá nada, no lo sé, pero eso no es lo más relevante, sino que nada ha cambiado. Eso es lo realmente grave, la pasividad del Estado para resolver el grave problema de la salud mental y sus colisiones con el sistema penal. Punto aparte, son las políticas de salud pública en este tema, pero no nos desviemos: es gravísimo que a tantos años del sistema, todo siga igual, los problemas sigan siendo los mismos y los recursos disponibles también. Mientras tanto judicializamos los temas de salud pública, al estilo de esos pobres niños que deben ir a la justicia a pedir que no les dejen morir, con sus tratamientos onerosos que no pueden pagar. Estoy seguro que mientras no existan soluciones que corresponden estrictamente al Estado, nos seguiremos mordiendo la cola, como ese perro torpe que no sabe el correcto uso que debe dar a su cola y sus dientes.